• El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de El Ejido denuncia que “nos niegan poder acceder a los comprobantes de pago del uso privativo de la concesión de una parcela pública”

 

  • “Se estableció un canon anual de 2.500 euros y queremos saber si desde 2015 a 2020 se ha procedido con esa liquidación y si el contrato está vigente”

 

“El equipo de Gobierno se niega a darnos información, un problema que ya hemos elevado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía”. Así lo ha manifestado el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de El Ejido, Cecilio Vargas, tras presentar una reclamación ante este órgano regional “por la obstrucción que quieren implementar en esta administración”. En este documento, el edil naranja ha detallado la secuencia de los hechos que han motivado este escrito. “Fue en marzo de este año cuando solicitamos información y acceso a la copia de las liquidaciones del canon satisfecho entre 2015 y 2020 por parte de la empresa a la que se le había adjudicado la licitación de un contrato -en 2014- para ejercer una actividad privada, en terrenos municipales”. Según Vargas, “se estableció un canon anual de 2.500 euros, por lo que queremos acceder a la memoria económica para conocer con más claridad los entresijos de este acuerdo y conocer su grado de cumplimiento”. Según Cs, en esa información debe constar la contratación, cómo se regula el canon y la forma de satisfacer el mismo.

Tras ello, el 22 de marzo de este año, por decreto del concejal delegado de Hacienda y Contratación se autoriza acceso sólo a una parte de la información solicitada, “en este caso a los pliegos y el contrato en sí mismo, pero no se tiene en cuenta la petición de conocer y comprobar el cumplimiento del pago”. “Tenemos que tener en cuenta que a esta empresa se le ha concedido la concesión de un servicio en un bien de titularidad municipal”. Sin embargo, “su oclusión va a más”. El 24 de marzo, día en el que el portavoz de Cs estaba citado para acceder a esa documentación de forma presencial, emiten un informe desde la Unidad de Servicios Fiscales para evitar el acto, “negando un derecho que ya había sido autorizado previamente por el área de Hacienda”.

“Es evidente que hay contradicciones que deben aclarar. Por qué en apenas 48 horas se pasa de un informe favorable para acceder a esa documentación a cambiar de criterio y prohibirlo”, ha cuestionado Vargas. Junto a ello, el concejal liberal ha expresado que “sólo queremos transparencia, conocer que el beneficiario de una concesión en una parcela pública está cumpliendo con los pagos del canon”. “Aún no sabemos si desde la fecha de la adjudicación se viene cumpliendo con los pliegos e incluso si el contrato estuviera caducado”. Todo ello lo basa el Jefe de Unidad en la protección de datos, así como en lo previsto en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, para declarar estos datos y documentos como de carácter reservado. “Por qué el concejal de Hacienda primero da el visto bueno y accede a que podamos visionar esa documentación y luego se acoge a un informe de la Unidad de Servicios Fiscales”.

Sin embargo, Vargas ha dejado claro en la reclamación que ha elevado al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que esa protección no afecta a empresarios o profesionales y comerciantes cuando estos ejercen su actividad con la administración pública, “es decir, cuando han establecido una relación contractual con el Ayuntamiento”. “Todos estamos amparados por la ley para velar por el interés económico-financiero de la entidad local donde residimos o donde ejercemos un cargo”. “Es un ejercicio fácil de transparencia, siempre y cuando no haya nada que ocultar”, ha aseverado Vargas.