• El edil naranja defiende el convenio firmado en 2005 tildándolo de “muy positivo” para la ciudad, pero critica la gestión de los compromisos de dicho acuerdo por parte del PP

• Ciudadanos ha presentado dos mociones para el pleno de este viernes, una para combatir el transfuguismo y otra para la reactivación de la obra del paseo marítimo

Almería, miércoles 09 de septiembre de 2020. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha valorado negativamente la anulación del convenio firmado en 2005 entre el Ayuntamiento de Almería, los Hermanos de La Salle y El Corte Inglés, para que la firma comercial abriera sus puertas en el centro de Almería. En palabras de Cazorla, “aquí hay una negligencia política absoluta para que El Corte Inglés no vaya a instalarse en La Salle, y los principales perjudicados vuelven a ser, como siempre, los almerienses”. Así, ha defendido el convenio firmado a tres bandas, ya que “era muy positivo para la ciudad”, y ha apuntado que “aún puede remediarse efectuando la modificación del PGOU contemplada en el convenio, máxime cuando el signo político en el Ayuntamiento y en la Junta es el mismo”.

En rueda de prensa, el concejal de la formación naranja ha explicado que, entre las estipulaciones de aquel convenio, se incluía una modificación puntual del PGOU que el Ayuntamiento debía acometer, pero que no se ha efectuado pese al tiempo transcurrido desde entonces. “Tanto la Junta de Andalucía que gobernaba el PSOE como el Ayuntamiento que gobernaba y gobierna el PP han estado mareando la perdiz con la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, eso sin dejar de lado las piedras en el camino que siempre han puesto los socialistas desde el Gobierno andaluz para torpedear la llegada de El Corte Inglés a nuestra ciudad”, ha manifestado Cazorla.

Para el edil liberal, es “irritante” que Almería sea la única capital andaluza y de las pocas de España sin un Corte Inglés, y ha advertido que “la resolución de este convenio puede salir caro a los almerienses, ya que los Hermanos de La Salle reclaman los 1,4 millones de euros entregados en su día, a lo que hay que sumar los intereses, con lo que la cifra total podría superar los dos millones”. Cazorla ha recalcado que “desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento aseguran que no hay comunicación escrita de El Corte Inglés renunciando al convenio, mientras que, en el escrito de los Hermanos de La Salle, se culpa directamente al Ayuntamiento por no haber acometido la mencionada modificación puntual del PGOU”.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos ha recordado que en 2004 comenzó la redacción del nuevo PGOU, si bien, en 2011, el entonces concejal de Urbanismo, Pablo Venzal (PP), “paró la redacción de ese nuevo Plan, que estaba acometiendo Urci Consultores, y se lo encargó a los técnicos municipales”. Tras desistir del nuevo PGOU, finalmente no sería hasta 2018 cuando se adaptó el PGOU-98 a la LOUA. “El error de base es no haber hecho las dos cosas al mismo tiempo, es decir, tanto la redacción de un nuevo PGOU como la adaptación a la ley autonómica, porque de ese modo se podría haber acometido hace ya años la modificación puntual exigida en el convenio para que El Corte Inglés se instalase en La Salle”.

Así las cosas, Miguel Cazorla ha lamentado que la apertura de esta firma comercial, que debería haber actuado como locomotora comercial suponiendo un revulsivo para reactivar el centro de Almería, que cada día está más muerto, se ha convertido en la enésima frustración para nuestros vecinos, a los que se les venden actuaciones que, o bien llegan con décadas de retraso, o bien no llegan jamás por culpa de una mala gestión política”.

Mociones

En esta rueda de prensa, el edil de Ciudadanos ha presentado sendas mociones que su formación llevará l pleno de este viernes. Por un lado, una moción para requerir la finalización urgente de la obra de ampliación del paseo marítimo de Almería, que lleva casi dos años “empantanada” y que todavía hoy carece de fecha de reactivación. Por otro lado, una moción para rechazar el transfuguismo como práctica de corrupción política que dinamita la estabilidad democrática de las corporaciones locales, alterando la voluntad popular expresada en las urnas”.