“La Plataforma Solar de Almería necesita medidas urgentes, ya que está en juego puestos de trabajo y el futuro de un lugar de referencia en la investigación de energía solar”, ha afirmado Vicente Ten, diputado nacional por Valencia de Cs, que junto a su compañero Diego Clemente, representante almeriense de Cs en el Congreso, y Francisco José Ramos, de la Junta Directiva de Ciudadanos Roquetas de Mar, ha visitado estas instalaciones. El principal objetivo de esta visita ha sido concretar acciones que puedan trasladar en el Parlamento y que ofrezcan soluciones reales al problema que azota este centro.“Desde Ciudadanos formularemos preguntas al Gobierno para que nos aclare las trabas administrativas a las que se enfrenta la Plataforma. Además, llevaremos a cabo un Proposición No de Ley. Hay mucho en juego. Presente y futuro”, ha resaltado Clemente.
La visita ha estado encabezada por el actual director de la Plataforma, Julián Blanco; el ex director, Sixto Malato, y técnicos de la Plataforma Solar. Sus argumentos van centrados en salvar un lugar único en el mundo en lo que a investigación solar se refiere. Y, todo, por las trabas burocráticas impuestas por Hacienda a este centro. De pasar a controlar sus ingresos para proyectos de investigación, de administrar sus cuentas, siempre desde las más absoluta transparencia, con un sistema similar al que usan las universidades, a no poder realizar ningún movimiento. “La situación es bastante surrealista. Nuestro presupuesto ronda los seis millones de euros, pero nuestros ingresos pueden alcanzar los 15 millones cuando sumamos la financiación que llega desde la Unión Europea para desarrollar proyectos. Ahora no podemos usar se dinero que llega desde Bruselas debido a las restricciones impuestas por el Gobierno para contener el déficit”, ha aclarado Blanco.
Una de las principales consecuencias de esta imposición es que no pueden contratar a investigadores y, peor aún, están perdiendo plantilla. “Hasta ahora, nos hemos encargado de contratar personal para llevar a cabo los proyectos, sin embargo, con esta situación es imposible. El control es excesivamente férreo y los trámites que tenemos que asumir para esas contrataciones son verdaderamente enrevesados”, ha resaltado Malato. Este centro se rige por la orden del Ministerio de Hacienda aprobada en julio de 2016, por la que se rigen todos los organismos de la Administración General del Estado, aunque las universidades y los grandes centros de investigación como el CSIC están exentos de cumplirla.
“Esta entidad no puede perder el prestigio que ha alcanzado después de tantos años de trabajo, de apostar por la innovación y el desarrollo por una normativa que les frena todo”, ha resaltado el diputado de Cs, Ten. “Con esta situación se ven obligados a ‘desviar’ proyectos a otros centros de investigación, situación que les lleva a ir perdiendo carácter competitivo”, ha expresado Clemente.