- Según el portavoz provincial de Cs, Rafael Burgos: “Lo lógico hubiera sido que el único criterio para ser beneficiario de las ayudas fuera la disminución real y efectiva de la facturación en relación a 2019 como consecuencia de la pandemia”
El grupo provincial de Ciudadanos en la Diputación de Almería ha presentado una moción para defender a los negocios y autónomos excluidos en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19. “Hay olvidos injustificados de sectores que se han visto muy afectados y debemos pelear por su inclusión desde todos los ámbitos de la política”, ha reivindicado el portavoz provincial de la formación naranja, Rafael Burgos.
El diputado de Cs ha explicado que la nueva línea de ayudas del Gobierno central, dotada con 11.000 millones de euros, tiene como objetivo que las comunidades autónomas concedan ayudas directas a las empresas afectadas por la pandemia cuyos ingresos hayan caído más de un 30 por ciento con respecto a 2019. “Son ayudas muy necesarias para los autónomos de nuestro país, por eso mismo, no se comprende que hayan sido excluidos tantos sectores”, ha manifestado Rafael Burgos, quien ha puesto como a ejemplo a: peluquerías, centros de estética y belleza, transporte de mercancías por carretera, academias, lavanderías, ferreterías, tiendas de electrodomésticos, muebles, librerías, floristerías, talleres, material de construcción o jugueterías.
Según el portavoz provincial de Ciudadanos en la Diputación de Almería: “Parece que lo lógico hubiera sido solo tener en cuenta como criterio para poder ser beneficiario de estas ayudas, la disminución real y efectiva de la facturación en relación a 2019 como consecuencia de la pandemia”, asimismo ha calificado de “negligente excluir epígrafes de actividades económicas solo por el hecho de haber sido considerados esenciales o no”.
Por ello, en el próximo Pleno de la Institución provincial, la formación naranja pedirá el apoyo del resto de grupos políticos para instar al Gobierno de España a que rectifique lo que considera “una exclusión injusta” y que, de esta forma, puedan acceder a dichas subvenciones todas aquellas empresas y autónomos que acrediten disminución de la facturación en más de un 30 por ciento, en relación a 2019 a causa de la pandemia.